Humanidades y Ciencias de la Conducta

De muros y puentes: estudiantes clandestinos en la época de Trump

About walls and bridges. Clandestine students in the Trump era

Marco Aurelio Navarro Leal[1]

RESUMEN

Con el propósito de ganar aproximación a una valoración reflexiva sobre las medidas que el gobierno federal mexicano implementó para atender la repatriación de migrantes indocumentados desde los estados Unidos, en el contexto de las políticas xenofóbicas del presidente Donald Trump, se pasa revista a los planteamientos teóricos que buscan explicar el fenómeno migratorio, y se explora la dimensión de éste, especialmente en lo que se refiere a los menores de edad y a los estudiantes con estancia no autorizada, para con ello proceder a la valoración de las últimas reformas hechas a la Ley General de educación y su impacto en el nivel de educación superior.

 

Palabras clave: migraciones, migrantes ilegales, dreamers.

 

ABSTRACT

With the purpose of gaining an approximation to a reflexive evaluation on the measures that the Mexican federal government implemented to attend the repatriation of undocumented migrants from the United States, in the context of the xenophobic measures of President Donald Trump, a review of theoretical approaches that seek to explain migration allows to explore its dimensions, especially in regard to minors and students with unauthorized stay, to proceed with the assessment of the last reforms made to the General Education  Law and its impact on higher education.

 

Keywords: migrations, illegal migrants, dreamers.

 

INTRODUCCIÓN

Las políticas racistas del presidente Trump contra los mexicanos han amenazado con levantar un muro y deportar a millones de mexicanos que residen en ese país sin autorización. Para amortiguar la repatriación de aquellos con nación  les que cuenten con escolaridad superior, el gobierno federal mexicano ha gestionado ante el Congreso de la Unión ciertas reformas a la Ley General de Educación, de tal forma que se facilite la integración de estas personas al sistema nacional de educación superior para la terminación de sus estudios. El propósito de este artículo es el de presentar un panorama de las migraciones de ida y de retorno, para con ello desembocar en una valoración reflexiva sobre la propuesta de reforma, al tiempo que alimentar de información a las universidades, que tienen el deber de participar activamente en la atención a los estudiantes deportados como las de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Sonora, estados que fueron declarados como origen por el 50 % de los deportados durante el 2016, de acuerdo al Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación (Centro de Estudios Migratorios, 2016).

 

Para cumplir con ese propósito, en un primer punto se hace una breve revisión de los principales elementos teóricos que buscan explicar el fenómeno de las migraciones; bosquejamos, en una segunda sección, el problema que se busca atender con la reforma mencionada; por lo que en una tercera, se describe brevemente la reforma aprobada, para finalizar con algunos señalamientos reflexivos.

 

1.- Elementos teóricos sobre las migraciones Sobre las migraciones demográficas se han hecho abordajes desde distintas disciplinas sociales. La sociología del desarrollo, desde las teorías lineales y dualistas, conciben a las migraciones del campo hacia la ciudad como decisiones racionales de individuos que, en un entorno de pobreza, deciden trasladarse de las zonas rurales a las zonas urbanas en busca de oportunidades de trabajo para subsistir; o en otros términos, también deciden trasladarse de las economías “tradicionales” hacia las economías “modernas” dadas las asimetrías salariales (Goldthorpe, 1973). Estas teorías, sin embargo, conciben a la migración como una decisión racional, o como una motivación personal por parte de los migrantes. Hay otras miradas sobre el problema de las migraciones que vienen a complementar el panorama planteado en el párrafo anterior, al analizar desde la antropología, los procesos de asimilación de los migrantes en las sociedades de destino (Bolaños Guerra, 2012). Destacan también los relevantes estudios que mediante los enfoques de “redes sociales” y desde la perspectiva del “capital social” (Spener, 2007) han aportado al conocimiento sobre el fenómeno migratorio.

 

Desde el punto de vista marxista las migraciones internacionales se analizan de una forma estructural. De acuerdo a Peña López (2012, pág. 30), en un artículo periodístico titulado “Emigración forzada”, Marx explica como “los procesos de emigración se derivan del desarrollo de las fuerzas productivas en los distintos períodos del desarrollo histórico de la humanidad”, de tal manera que “en las sociedades precapitalistas las emigraciones forzadas se producen debido a que el desarrollo mismo de las fuerzas productivas técnicas imposibilita controlar un territorio mayor para satisfacer las necesidades de una población creciente”, de tal forma que esta presión por querer sostener una mayor cantidad de población en el mismo territorio, genera las expulsiones o emigraciones forzadas. Por otra parte, en las sociedades capitalistas, la situación se invierte, ya no es la presión de la población sobre las fuerzas productivas técnicas, sino la presión de estas fuerzas sobre la población, la que genera las emigraciones.

 

La explicación de esta paradoja es lo que Marx desarrolla posteriormente en el texto principal de su crítica a la economía política, El Capital, al referirse a la ley general de la acumulación capitalista; según la cual el capitalismo requiere de una sobrepoblación relativa que funcione como un colchón de reserva que permite solventar las necesidades de fuerza laboral de un proceso de acumulación.

 

Para el capitalismo es indispensable contar con un ejército industrial de reserva (EIR) o sobrepoblación relativa. En esta perspectiva, la creciente acumulación de capital produce también una creciente pauperización, de la misma manera en que el desarrollo industrial ha generado una concentración de población en las grandes ciudades mediante una emigración forzosa de la población rural. En el capitalismo la movilidad poblacional se considera como migración de la fuerza de trabajo determinada por las necesidades de la expansión capitalista (Peña López, 2012, pág. 32). Las poblaciones emigran hacia donde su fuerza de trabajo es requerida por el capital.

 

En esa lógica las migraciones internacionales tienen varios efectos. Al contar con un ejército industrial de reserva, los empleadores pueden poner presión hacia abajo en la negociación de los salarios, así como una presión hacia arriba en las calificaciones de la fuerza de trabajo. La reserva de trabajadores permite ofrecer salarios más bajos de los que se pagarían a los trabajadores locales.

 

El carácter ilegal de su estancia en otro país pone a los migrantes en una condición de indefensión laboral subordinada, con la cual, al recibir un salario menor al del valor de su fuerza de trabajo degrada su calidad de vida, en términos del poder adquisitivo en sus medios de subsistencia (salud, alimentación, vivienda); así mismo, subordina la condición familiar al tener que integrar al mismo trabajo a las mujeres, a los jóvenes y en ocasiones hasta los niños, en vías de una posible mejoría en sus medios de subsistencia.

 

Por otra parte, la incorporación de los migrantes ilegales tiene consecuencias respecto a la fuerza de trabajo local. Al ser contratados estos desplazan a los obreros nacionales y reducen sus movimientos o reivindicaciones, con lo cual se “divide y confronta a los trabajadores entre sí haciendo que estos confundan su lucha de clases (contra los capitalistas) por una lucha de razas en contra de los extranjeros (xenofobia) o entre los propios pobres” (Peña López, 2012, pág. 35).

 

2.- Migrantes Mexicanos en los Estados Unidos La frontera entre estos dos países es de gran complejidad, es el cruce internacional de personas y de mercancías más dinámico del mundo (Kilburn, San Miguel, & Hoon Kuak, 2013). Las transacciones económicas a través del Río Bravo están estimadas a razón de un millón de dólares por minuto (Excelsior, 2016) y de acuerdo al Censo de los Estados Unidos del 2009, el 94 % de la población fronteriza de ese país tenía una identidad mexicana.

 

2.1. Población mexicana con estancia no autorizada en Estados Unidos

Cuando en la segunda guerra mundial, los jóvenes norteamericanos se enlistaban para irse al frente, se requerían jóvenes trabajadores para mantener la planta productiva. Estados Unidos y México firmaron un convenio que tendría veinte años de duración. Durante el tiempo que duró el convenio se documentó a más de cuatro millones y medio de trabajadores. Pero como la burocracia de la Secretaría del Trabajo no se daba abasto para atender todas las solicitudes, los flujos migratorios indocumentados se incrementaron ampliamente y una gran cantidad de trabajadores estableció allá su lugar de residencia, por lo que sus hijos y sus nietos ya fueron nacidos en ese país y se les reconoce como de primera, segunda y tercera generación.

 

Para el 2015, la cantidad de mexicanos viviendo en los Estados Unidos se fue incrementando, de tal forma que estos contabilizaron 12.2 millones de primera generación; 12.8 millones de segunda generación y 11.9 millones de tercera generación, haciendo un total de 0936.9 millones de mexicanos en ese país, y varios estudios señalan que alrededor de 6 millones se encuentran con una estancia no autorizada, distribuyéndose principalmente en Los Ángeles, Houston, Chicago, Dallas, Phoenix y San Diego (Torres Ramirez, Rodríguez Padrón, & Ramirez Raymundo, Febrero 2017, pág. 5).

 

2.2. Los niños migrantes

Cuando se trata de poblaciones nómadas, como en el caso de los migrantes agrícolas el fenómeno migratorio es siempre difícil de cuantificar, ya que en los Estados Unidos se mantienen en movimiento territorial, de acuerdo al calendario de los distintos tipos de cosechas. Su cuantificación es aún más difícil cuando tratan de permanecer ocultos, por su estancia ilegal; y a esto hay que añadir una característica más, que también dificulta su cuantificación, la circularidad (Santibañez, 1998).

 

Es común que los migrantes viajen con su familia, un estudio realizado en el año 2000 sugería que en ese entonces había 650 mil niños viajando con sus familias desde un lugar de México hacia uno de estados Unidos, mayoritariamente a California y Texas. En ese mismo año asistían a escuelas de nivel básico de California 307 mil niños indocumentados y a las de Texas casi 94 mil. Pero se estimaba que en los diez estados en los que se realizó el estudio, había 4 millones 872 mil alumnos con ese estatus (Green, 2003).

 

 Solamente en los primeros nueve meses del mandato presidencial de Barack Obama, el Instituto Nacional de Migración de México, reportó una repatriación desde los Estados Unidos, de 21 mil 220 migrantes menores de 17 años. De ese total, 13 mil 110 menores regresaron sin compañía y el resto con algún familiar (Merlos & Arvizu, 2010) y se calcula que en los últimos 10 años de la era Obama la cifra de repatriados indocumentados se aumentó a 230 mil, de los cuales 60 mil fueron menores de edad (Amado, 2016). Según la BBC Mundo, la cantidad de inmigrantes deportados (de todas las edades) por el gobierno de Obama entre 2009 y 2016, con base en órdenes de remoción, fue de 2.5 millones, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, lo cual lo convierte en el presidente de los Estados Unidos que más personas ha deportado (Lissardy, 2016).

 

Los padres de los niños migrantes se crean grandes expectativas sobre la educación de sus hijos. Seguramente hay talentos con importantes logros escolares, pero distintas investigaciones han mostrado las condiciones de adversidad que enfrentan estos niños en las escuelas. “Sus condiciones de pobreza, la inestabilidad en su lugar de residencia y su pobre dominio de la lengua les generan un estigma de rechazo y baja autoestima. Este es el equipaje socioeducativo con el que los niños migrantes llegan a las escuelas (mexicanas)” (Navarro Leal & Saavedra Rodríguez, 2011, pág. 23).

 

2.3. Estudiantes clandestinos

Durante los últimos días de enero del 2017, varios millones de personas salieron a las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos a manifestarse en contra de las políticas anunciadas por Donald Trump tanto durante su campaña para la presidencia de ese país, como en los primeros días de su mandato. Sus discursos expresaban una posición racista, discriminatoria y beligerante contra los mexicanos, como la construcción de un muro divisorio a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, el regreso forzado de las empresas norteamericanas instaladas en México, así como la deportación de al menos tres millones de mexicanos que ilegalmente se encuentran trabajando en ese país. Si bien las tres medidas son criticables aún dentro de las lógicas del capitalismo, lo que sucede con los hijos de los migrantes merece una amplia discusión.

 

En efecto, el nuevo gobierno de Estados Unidos, mediante una orden ejecutiva, se propuso deportar masivamente a todos los mexicanos con estancia no autorizada en ese país, incluyendo estudiantes indocumentados, solo que, precisamente por su residencia no autorizada, es difícil saber con exactitud cuántos son, aunque se estima que pudieran alcanzar la cifra de 1.8 millones de personas.

 

Las primeras aproximaciones al volumen de posibles deportaciones aún tienen un alto grado de incertidumbre. Para algunos la cifra de deportaciones de migrantes con un cierto nivel de escolaridad es equiparable a quienes se registraron en el programa de acción diferida del presidente Obama: Development, Relief, and Education for Alien Minors (DREAM) Act, y que suman la cantidad de 937 mil con una edad entre 15 y 30 años, y que además cuentan con estudios de high school. (Center, I.P., 2012), mientras que para el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA, por sus siglas en inglés), se trata de 600 mil individuos de los cuales un 60 % son mexicanos.

 

El programa DACA fue anunciado por el presidente Obama en 2012, para permitir que aquellos que sin autorización ingresaron al país cuando eran niños, pudieran obtener el beneficio de no ser deportados y además un permiso para trabajar con una vigencia prorrogable cada dos años. Para solicitar una acción diferida los requisitos a cubrir son (Center, I.P., 2012):

 

1) Haber nacido después de 1980 y haber llegado a Estados Unidos antes de 1998.

2) Tener como mínimo cinco años de residencia en Estados Unidos y haber estado físicamente el 15 de junio de 2012, sin estatus legal.

3) Cursar o haber cursado la educación secundaria, haber obtenido un Certificado General de Desarrollo Educativo (General Educational Development Certificate), o ser un veterano con licencia honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

4) No haber sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más delitos menores. A cuatro años de existencia del programa, en 2016, se habían recibido 1 millón 184 mil 274 solicitudes de mexicanos, de las cuales se aprobó 1 millón 44 mil 967, principalmente de los estados de California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida (Torres Ramirez, Rodríguez Padrón, & Ramirez Raymundo, Febrero 2017, pág. 8). La implementación del DACA trajo una cierta tranquilidad, al reducir el estrés por el miedo a la deportación, al tiempo que pudieron gozar de mejores oportunidades en aspectos como educación, empleo o acceso al sistema bancario, lo cual les abrió mayormente el acceso a la educación superior.

 

No es el caso de quienes su solicitud no fue aprobada, ni tampoco de los que permanecieron en el programa DREAM, ellos aún permanecen en una condición clandestina y altamente vulnerable a las acciones de deportación. Sin embargo, aún para quienes se vieron favorecidos por el programa de acción diferida, la política xenofóbica expresada por la posición antiinmigrante del presidente Trump, pone en peligro la continuidad de este programa y lo que es peor, ahora cuentan con una base de datos para localizar a los beneficiarios en cualquier momento.

 

3.- La reforma

Frente a esta amenaza, con fecha 15 de febrero de 2017, el presidente Peña Nieto envió al senado una Iniciativa Preferente para modificar la Ley General de Educación, así como el Acuerdo 286, con el objeto de facilitar la incorporación de estudiantes deportados al sistema educativo y permitiendo a instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, la acreditación y revalidación de los estudios realizados en el extranjero, aún y cuando no posean documentación debidamente ¨apostillada¨ ni presenten una traducción autorizada de sus documentos, como hasta entonces hubo sido para efectos de reconocimiento de estudios realizados en el extranjero.

 

Esta iniciativa permite que las instituciones privadas que cuentan un Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), agilicen los trámites de revalidación de estudios ante las autoridades correspondientes de la Secretaría de Educación Pública; y a las Universidades públicas, con régimen de autonomía se les refrenda la facultad de establecer sus propias normas académicas, y por tanto, para definir sus propios criterios y mecanismos para el reconocimiento y la revalidación de estudios e incorporar con mayor facilidad a estudiantes provenientes del extranjero. De la misma manera, esta iniciativa permitirá facilitar los procesos de movilidad estudiantes entre las mismas instituciones mexicanas del nivel medio superior y superior.

 

Como parte de las acciones de implementación de esta iniciativa, el día 5 de marzo, en las oficinas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Secretario de Educación Pública inauguró el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores (PUENTES, por sus siglas en Español) confeccionado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones, para colaborar con la iniciativa presidencial. Para operar este programa se diseñó un portal digital en el que los migrantes en retorno pueden introducir los datos relacionados con sus estudios, para que los representantes autorizados de las universidades puedan ofrecerle canalizarlos hacia un programa de destino.

 

Durante el lanzamiento de PUENTES, el Secretario de Educación, además de felicitar a las 400 instituciones de educación superior que como muestra de solidaridad, se adhirieron a este programa, mencionó que también que se contaba con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para apoyar a los migrantes que tuvieran problemas con el dominio del español. Así mismo, Nuño Mayer comentó que se desconoce la cantidad de dreamers que pudieran llegar al país, “lo que se sabe es que el año pasado fueron repatriados 20 mil jóvenes con universidad trunca. Así que en un caso extremo, aunque las deportaciones de ese sector aumenten 500 % aún así las universidades mexicanas tienen la capacidad para recibirlos” (Regeneración, 2017).

 

4.- Reflexiones finales

En este documento nos propusimos elaborar una valoración crítica de la iniciativa preferente que el presidente Peña Nieto envió al Senado de la República para atender el retorno de migrantes con estudios de educación superior truncados como efecto de la política antiinmigrante emprendida por Donald Trump, presidente de los estados Unidos.

 

Después de un breve repaso de algunos planteamientos teóricos referidos a las migraciones, exploramos aspectos relacionados con los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, las deportaciones y repatriaciones de menores, dado lo cual podemos hacer las siguientes reflexiones.

Por principio, la pauperización de las fuerzas productivas es la resultante de una exacerbada acumulación de capital, por lo que las poblaciones afectadas emigran hacia donde existan mayores requerimientos de fuerza de trabajo para la producción, dando lugar a procesos migratorios, que en muchos de los casos son circulares, dependiendo del carácter estacional o episódico de los procesos productivos.

 

Desde la lógica de la acumulación del capital, los migrantes mexicanos con estancia no autorizada en los Estados Unidos se encuentran en una situación de triple vulnerabilidad al contratar su fuerza de trabajo: a) los migrantes, junto con los desempleados nacionales, forman parte de una sobrepoblación relativa de trabajadores (también llamada ejército industrial de reserva), frente a la cual los empleadores se sitúan en posición de ventaja para poner presión hacia abajo en los salarios; b) Como trabajadores extranjeros no gozan de la total simpatía de sus pares nacionales al ocupar vacantes por una menor paga (además de ser usados como esquiroles por los empleadores); c) el carácter ilegal de su estancia en ese país, los sitúa en una condición de indefensión laboral total por la cual, al aceptar un salario menor, degrada su calidad de vida en términos del poder adquisitivo en sus medios de subsistencia.

 

 

Por su parte, las familias de los migrantes con estancia no autorizada, con el afán de incrementar el poder adquisitivo en sus medios de subsistencia, se ve también en la necesidad de contratarse en las condiciones de vulnerabilidad anteriores, incluyendo muchas veces a los adolescentes y a los niños, por lo que, en esta circunstancia, se torna compleja su asistencia y su rendimiento en los centros escolares ni que decir de sus posibilidades de movilidad social ascendente.

 

Como observa Suarez-Orozco (2004), la circunstancia existencial de los migrantes es altamente vulnerable, pero de mayor vulnerabilidad es la circunstancia de sus niños, para quienes el futuro es totalmente incierto. En muchas ocasiones, con su familia dividida han dejado atrás sus primeros referentes sociales y culturales para sufrir con las tensiones causadas por el proceso de integración hacia una estructura sociocultural diferente.

 

A lo anterior hay que añadir las condiciones asociadas a la pobreza, como desnutrición y hacinamiento, con pocas probabilidades de rendimiento escolar y de desarrollo de competencias lingüísticas en inglés, pero sobre todo con la constante amenaza de ser encontrados y atrapados por las autoridades migratorias (Navarro Leal & Saavedra Rodríguez, 2011).

 

Esta situación resulta altamente ventajosa para los empleadores, y se convierte en una condición que es preferible mantener. Un acuerdo migratorio llevaría a legalizar la estancia de los trabajadores y les daría a estos algunos derechos válidos para negociar un mayor valor por la venta de su fuerza de trabajo. Es comprensible que no se haya podido gestionar un acuerdo migratorio entre ambos países si las migraciones son un fenómeno deseable en la lógica de la acumulación del capital; lo que parecería ser paradójico, es la deportación de más de dos millones de personas, a lo largo de los ocho años del período del presidente Obama, pero hay que recordar que este heredó de la administración Bush una tasa de desempleo del 10 %, que solo pudo reducir hasta un 5 % al final de su mandato, a fuerza de impedir que los empleos generados fueran tomados por los extranjeros, en medio de cruentos conflictos raciales desatados por todo el territorio.

 

Una característica de las migraciones de mexicanos hacia los Estados Unidos es la circularidad, señalando con ello una alta recurrencia en los cruces fronterizos, por lo que en las cifras estadunidenses referidas a las deportaciones, hablan de “eventos” de deportación y no de personas “deportadas”, porque una misma persona puede ser deportada en varias ocasiones, para reingresar continuamente. Se ignora cuántos de los dos millones de deportados en la era Obama volvieron a ingresar a los Estados Unidos.

 

El programa DACA es un programa de control selectivo, que al tiempo que permite una contabilidad de las nuevas generaciones de migrantes, también condiciona unilateralmente la ratificación de la acción de su deportación diferida en términos de dos años, manteniendo en ellos la inseguridad de su residencia y de sus expectativas de futuro. A este programa se adhirieron los jóvenes que inicialmente se habían enrolado en el proyecto de ley “Dream Act” (Ley de Fomento para el Progreso, la Asistencia y la Educación para Menores Extranjeros) después de su fracaso en el Senado en el 2010. A dos meses de su mandato y después de una dura retórica antiinmigrante, Trump declara que su lucha no es contra los “dreamers”, por lo que podría suceder entonces que las facilidades previstas para incorporar a esos estudiantes al sistema de educación superior mexicano no vayan a ser utilizado en la dimensión que se tenía prevista. Sin embargo, este episodio de la historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos llevó primero a tomar conciencia sobre las dimensiones de la migración mexicana, las cuales son un reflejo de la expulsión por motivos de pobreza; segundo, sobre las condiciones de vulnerabilidad de los connacionales y sus familias; tercero, sobre las dificultades que existen en la educación superior para la revalidación, reconocimiento e incorporación de estudiantes provenientes del extranjero.

 

REFERENCIAS

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