Humanidades y Ciencias
de la Conducta
Economía de la educación
y retorno migrante
Economy of education
and migrant
Nancy
Garza-Estrada[1]
RESUMEN
El retorno niños y jóvenes mexicanos procedentes de
Estados Unidos, representa un desafío para el sector educativo. La economía de
la educación en relación con el retorno migrante representa el uso efectivo y
eficiente de recursos para diseñar e implementar políticas públicas educativas
con el objetivo de lograr la inclusión educativa de los migrantes de retorno,
que conlleve a la formación de profesionales productivos que se beneficien
incrementando sus ingresos, aumentando el Producto Interno Bruto (PIB) y por
ende beneficiando el desarrollo social
y económico del
país.
Palabras clave: economía de la educación, migración de
retorno, inclusión educativa, política educativa.
ABSTRACT
The return of Mexican
children and youth from the United States represents a challenge for the
education sector. The economics of education in relation to return migration
represents the effective and efficient use of resources to design and implement
public educational policies with the aim of achieving inclusive education of
return migration, that leads to the training of productive professionals who
benefit increasing its income, increasing the Gross Domestic Product (GDP) and
therefore benefiting the social and economic development of the country.
Keywords:
economics of education, return migration, inclusive education, educational
policy.
INTRODUCCIÓN
El presente ensayo tiene como objetivo mostrar la
relación de la economía de la educación con la problemática a la que se
enfrenta el país ante el retorno de jóvenes migrantes a México y su inserción
en el sector educativo a la luz de políticas educativas; para ello se inicia
con un breve panorama histórico del movimiento migratorio entre México y
Estados Unidos, para enmarcar este fenómeno en una problemática de pobreza y
desigualdad social. En una segunda sección se analiza el tema del retorno
migrante y su significado, para poder enfocarlo desde la perspectiva de la
economía de la
educación.
Un panorama de la migración de México a Estados Unidos
El inicio de la migración de mexicanos a Estados
Unidos se remonta a mediados del siglo XIX ante la necesidad de mano de obra
para la construcción del ferrocarril en la zona oeste del país vecino (Zambrano, 2017).
Los años de lucha
y el inicio de un nuevo sistema de gobierno provocaron efectos demográficos
a causa de las reformas políticas. Muchos de los cambios ocurridos en el país
fueron originados por un elemento político, como la apertura de puertos y
fronteras al concluir el régimen colonial, el cambio de la propiedad de la tierra
y las conquistas sociales como el régimen laboral, contemplando igualmente
intereses económicos y de
otro tipo.
Otro factor que trajo consigo la necesidad de importación
de mano de obra mexicana por parte de Estados Unidos, fue la ampliación de ranchos
en California alrededor del año 1845, así
como el aumento en la producción agrícola (Ayvar y
Armas, 2014).
En 1848, después de más de un año de guerra entre
México y Estados Unidos, se llevan a cabo negociaciones de paz con la firma del
Tratado de Guadalupe Hidalgo, estableciéndose una división en las fronteras, en
donde México pierde gran parte de su territorio como California, Nuevo México,
Nevada, Texas, Arizona y Utah entre otros. Dicha división orilló a compatriotas
a establecerse en territorio que pasó a formar parte de Estados Unidos o a trasladarse
hacia tierras mexicanas.
A principios del siglo XX, la presencia de migrantes
en territorio americano era motivo de vergüenza para las familias de la unión americana.
A pesar de que la iglesia católica mexicana presentaba resistencia al desplazamiento
de mexicanos a Estados Unidos, con el paso del tiempo la migración se fue convirtiendo
en un proceso cada vez más común, pero poco discutido. Tal situación originó que
los contratistas norteamericanos resultaran beneficiados al aprovecharse de la
situación vulnerable de los mexicanos, quienes se desarrollaban en trabajos
informales de forma temporal y mal remunerada (Friedrich, 1981).
Debido a la violencia e inseguridad económica y
social generada por el movimiento revolucionario
iniciado en 1910, la frontera estadounidense se transformó en refugio político,
siendo en 1924 cuando el gobierno de Estados Unidos impone medidas de
protección para su frontera, mediante la creación de la Patrulla Fronteriza
(Ayvar
y Armas, 2014).
Entre 1925 y 1928, el número de aprehensiones de indocumentados
aumentó siete veces, hasta cerca de 30 mil en 1929, declarándose en este año la
entrada ilegal a Estados Unidos, un delito menor penalizado con prisión no mayor
a un año
(Cardoso, 1980).
En la era del enganche (hasta 1929), los trabajadores
mexicanos eran engañados con promesas gloriosas de ganancias, aprovechando el
ferrocarril como medio de desplazamiento, llevándolos al otro lado de la
frontera; sin embargo, los trabajadores terminaban siendo explotados en los
campos del Sur de Estados Unidos, enganchados con la necesidad de pagar la
deuda a quienes les habían prestado
dinero para el
viaje (Génova, 2012).
Para 1930 el censo estadounidense reportó más de 1 millón
de habitantes de origen mexicano, de los cuales, el 38 % eran de padres mexicanos nacidos
en Estados Unidos.
De 1942 a 1964 se crea un acuerdo binacional entre
México y Estados Unidos denominado “Programa Bracero” permitiendo el cruce legal
de millones de trabajadores mexicanos de forma temporal para realizar labores
en el mercado agrícola ante la participación de Estados Unidos en la Segunda
Guerra Mundial.
En 1965 inicia la era de la migración indocumentada,
en la cual, los trabajadores mexicanos
cubren la demanda laboral y los empleadores explotan una mano de obra a bajo costo y
sin derechos civiles.
La década de 1960-1970 es característica por la legalización
de trabajadores mexicanos en Estados Unidos y el traslado de la familia completa,
mientras que en México, la crisis agrícola y agraria hundía al campesino en una
situación de explotación y miseria (CRECE, 2000).
En la década de los ochenta la migración fue originada
más que por necesidad económica, por unificación de las familias y por el deseo
de irse a trabajar a Estados Unidos. En 1986 el Congreso estadounidense aprobó
la enmienda Simpson-Rodino, la cual entró en vigor en
1987 permitiendo la legalización a miles de trabajadores indocumentados con la finalidad
de mejorar sus condiciones.
En los noventas y principios del siglo XXI, la mayor
cantidad de migrantes mexicanos a Estados Unidos ha sido originada por las
diferentes crisis económicas que ha enfrentado el país.
Como se observa, han sido una diversidad de factores
los que orillaron a millones de mexicanos a abandonar el país a lo largo de los
años, buscando principalmente mejores oportunidades laborales con la finalidad
de tener una mejor calidad de vida, sin embargo, gran cantidad de migrantes se
han visto ante la necesidad de retornar a México de forma voluntaria o
involuntaria.
Retorno Migrante
Las políticas migratorias establecidas recientemente
por el Gobierno de Estados Unidos ante el triunfo del candidato republicano
Donald John Trump y su tan mencionada política
migratoria ha originado el retorno de migrantes y se ha convertido en un tema
que en la actualidad ha causado controversia, presentándose como un desafío
para la política pública del país, sin embargo, dicho tema ha sido una
constante a través de los años, influenciada por diversos factores de carácter
político, social y económico.
La llegada de niños y adolescentes migrantes puede
tornarse difícil en el proceso de inserción escolar en México, pues se debe
considerar que tienen que ir a la escuela y tomar clases en un idioma que no
utilizaban en el país receptor, lo que se traduce en un obstáculo para su
entendimiento. Incluso al interactuar con otros, se dan cuenta que no comparten
las mismas costumbres, que son de cultura diferente (Sierra
y López, 2013).
La migración retorno, a pesar de constituir objeto de
debate científico desde la década de 1980, ha sido una faceta relativamente postergada
en el contexto de la migración internacional. Hoy en día, los países la han
puesto de relieve, sin embargo, en la mayoría de los casos, es comprendida como
un efecto de una coyuntura específica, generalmente relacionada con episodios
de crisis y contracción económica en los principales países destino (Martínez y
Orrego, 2006).
En el estudio, The US/México
Cycle. The End of an Era, realizado por Mexicans and Americans Thinking Together (MATT, 2013),
se encontró que entre 2005 y 2010, 1.3 millones de personas migraron de Estados
Unidos a México, de ese total, 70 % (985 mil) corresponde a migrantes de
retorno y el restante 30 % (405 mil) a miembros de la familia de migrantes
mexicanos nacidos en
Estados Unidos.
Entre 2010-2015 el 89 % de los mexicanos que
regresaron al país vivían en Estados Unidos según datos del Consejo Nacional de
Población.
Por su parte, la encuesta sobre Migración en la
Frontera Norte de México (Coubés, Calva, Peña, Hernández
y Zambrano, 2016), identifica desplazamientos de migrantes procedentes de Estados
Unidos por los siguientes factores:
1.- Retorno voluntario, incluye a quienes retornan a
México por no encontrar trabajo, por haberse terminado su trabajo y cuestiones
personales. Solo en 2014 se identificaron a 167 920 personas.
2.- Retorno no voluntario, comprende a quienes fueron
devueltos a México por las autoridades migratorias de Estados Unidos. En 2014
se identificaron a
102 805 personas.
En el informe anual de resultados 2014, la EMIF Norte
destaca que el descenso del flujo laboral de mexicanos en Estados Unidos
responde a múltiples factores económicos y sociales. Uno de los más relevantes
es la situación económica del país vecino, específicamente la contracción de
los sectores que emplean fuerza laboral por migrantes mexicanos, como la
construcción. Otro factor es el aumento de la vigilancia fronteriza por parte
de las autoridades estadounidenses, para mostrarlo, hay que hacer una lectura
transversal de los diferentes flujos que capta el EMIF Norte: en 2014 la mayoría
de los migrantes procedentes de la frontera norte que fueron deportados por los
Estados Unidos indican que no regresarán a la frontera porque cada vez es más
complicado cruzar a ese país. En cuanto al retorno forzado por la deportación,
en su gran mayoría son los hombres quienes son devueltos por las autoridades
estadounidenses a la frontera norte de México, en 2014 se estima que hubo 214
423 deportaciones, se trata del monto anual más bajo del periodo 2005-2014, sin
embargo, la reducción en el número no significa que los riesgos y las situaciones
de vulnerabilidad de estos migrantes hayan disminuido, por el contrario se han
agravado (Coubés, Calva, Peña, Hernández y
Zambrano, 2016).
En el mes de septiembre de 2017, la administración del
presidente Donald Trump anunció la cancelación
gradual del Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA)
por sus siglas en inglés, el cual protege a los jóvenes llamados “dreamers” de la deportación, extendiendo sólo por seis meses
la protección para los casi 800 000 jóvenes beneficiados, dando así cumplimiento
a una de sus promesas de campaña, y eliminando de esta forma la más
significativa acción en el frente migratorio implementada por el presidente Barack Obama mediante orden ejecutiva en el 2012 (CNN en español, 2017).
Sin embargo, a más de un año de que el presidente anunciara
la cancelación del Programa de Acción Diferida y pasada la fecha límite para que
el Congreso emitiera una solución, queda sin definirse la situación del programa
tras una serie de decisiones judiciales que
frenan la del
mandatario.
El ingreso a México de miles de familias migrantes procedentes
de Estados Unidos puede representar un desafío para todos los sectores de la
población, siendo el sector educativo
materia del presente
documento.
Este escenario, conlleva a que las autoridades
educativas se vean ante la necesidad urgente de identificar a la población
objetivo, detectar los problemas burocráticos, analizar los programas académicos,
desarrollar mecanismos de nivelación y tutorías, determinar las condiciones de
infraestructura educativa y de aplicación efectiva de recursos financieros, así
como la evaluación de la preparación docente pedagógica para afrontar la
diversidad con la finalidad de lograr la inclusión y permanencia en las aulas
de los educandos migrantes, entendiéndose como inclusión a la visión de la
educación en donde todas las niñas,
niños y adolescentes cuenten con las mismas oportunidades para aprender
juntos y realizarse como individuos
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, en
donde en las escuelas no existan “requisitos de entrada” o exclusiones de ningún tipo; escuelas que modifiquen substancialmente
su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las
necesidades educativas de todos (Blanco, 1999).
La Economía de la Educación y el Retorno Migrante
La educación no es un proceso de naturaleza esencialmente
económica, sino que responde a diversos objetivos sociales, sin embargo, en una
sociedad cuanto mayor sea el nivel educativo de sus miembros, mayores serán las
posibilidades de lograr un bienestar en todos los aspectos, particularmente en
el económico (Villalobos y Ponce,
2008).
Desde ese punto de vista, la educación puede ser
concebida como un sistema que utiliza recursos que tienen un valor económico
alternativo, para transformarlos en un bien que tiene mayor valor para las
personas que lo reciben y para la sociedad. Este proceso de transformación crea
valor, es decir, sus resultados son más valiosos que los recursos que utiliza (Morales, 1993).
La relación existente entre economía y educación es muy
extensa, pero se centra fundamentalmente en la formación de profesionales que
tengan competencias y sean eficaces para la creación de una economía competitiva.
(González, 2010). Dicha relación se establece por la inversión que realizan los
gobiernos de los países en la educación y los propios individuos con el
crecimiento de sus economías, ya que al invertir en calidad de educación es mayor
el grado de posibilidad de que se consiga una mayor preparación y formación de
profesionales que contribuirán a la mejora de los ingresos de los individuos y de
la economía del
país.
Ahora bien, partiendo de lo anterior, la relación de
la economía de la educación con el retorno migrante consiste en el uso efectivo
y eficiente de los recursos, para implementar acciones administrativas y
académicas con la finalidad de lograr la implementación de los mecanismos e
inclusión educativa de los migrantes de retorno y alcanzar niveles de formación
de capital humano más eficientes con el objetivo de que sean más productivos y
se beneficien incrementando sus ingresos, aumentando el Producto Interno Bruto
(PIB) y por ende el desarrollo social y económico del país.
Resulta muy sencillo decirlo, sin embargo, para una
llevar a cabo una buena planeación y administración de los recursos públicos
que se destinan al país en educación es necesario conocer a precisión sobre
como participan los tres niveles de gobierno en el gasto educativo y la distribución
del mismo en su estructura, modalidades y programas. (Márquez, 2012).
No obstante que diversas fuentes brindan información
sobre el gasto educativo en México, no presentan información completa, lo cual impide
conocer con precisión el gasto en materia educativa realizado en el país, cuál
es la estructura de participación de las entidades de gobierno y cómo se distribuyen
entre distintos niveles y modalidades educativas (Mendoza, 2011).
Es importante mencionar que en 2017 la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaboró el presupuesto de egresos de la federación
en el que describe el monto, la forma de distribución y el destino de los recursos
públicos de los que han de disponer durante un año los poderes de los tres
niveles de gobierno, así como los organismos autónomos, aprobando un total de 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos, representando en términos
reales un 0.67 % menos que el año anterior. La situación en el sector educativo
resultó preocupante ya que se asignaron 267 mil 655 millones de pesos, lo que
representa el 14.49 % menos respecto el año anterior (Compromiso Social, 2017).
Existen señalamientos realizados por algunas agencias
internacionales (Martínez y Orrego, 2006) en donde se expone que en México no
es necesario gastar más, si no de invertir mejor el recurso en educación,
resaltando problemas de ineficiencia de manejo del gasto educativo (Granados,
2005), por lo que resulta necesario que se realice una correcta planeación de
las necesidades apremiantes del sector educativo, contemplando la situación a
la cual se enfrentará el país ante la posible llegada de miles de jóvenes, lo
cual conlleva al aumento de la demanda educativa, que de no satisfacerse
pudiera convertirse en un problema social y económico para el país.
CONCLUSIONES
Después de presentar la relación entre economía de la
educación y el retorno migrante a México, se deduce que el diseño y puesta en marcha
de políticas educativas son necesarias y de carácter urgente, ya que las consecuencias
de que los adolescentes migrantes no ingresen al sector educativo van desde económicas,
generando limitantes para ingresar a trabajos remunerados y estables lo cual
los expone a vivir en condiciones precarias, hasta sociales, mediante las cuales
destacan la pérdida de valores que los convierte en presas fáciles de la
delincuencia organizada, lo cual pone en riesgo su integridad y la de otros.
Si bien es cierto, el gobierno federal ha tomado
medidas en ese tenor, mediante el anuncio de la implementación inmediata para
la protección y apoyo de quienes decidan
regresar al país o que eventualmente sean deportados, como la aprobación de una
reforma a la Ley General de Educación para incluir al sistema educativo
nacional a los connacionales que deseen incorporarse al sistema educativo
mexicano, facilitando su incorporación “sin importar su condición migratoria ni
los documentos con los que cuentan”, de esta forma México busca garantizar que
todas las personas en su territorio cuenten con las mismas oportunidades al
momento de transitar por los diferentes niveles educativos, agilizando de igual
forma su revalidación de estudios.
Sin embargo, existen más desafíos que como se mencionó
anteriormente, van más allá de problemas administrativos, ya que será necesario
analizar los programas académicos, desarrollar mecanismos de nivelación y
tutorías, determinar las condiciones de infraestructura educativa y evaluar la
preparación docente pedagógica para atender a la diversidad de alumnos.
Con lo anterior, queda asentado que para el diseño y
puesta en marcha de políticas públicas es necesario que se realice un correcto
análisis y planeación de las necesidades del sector educativo ante el retorno
migrante, siendo fundamental que esté considerado el financiamiento por parte
del gobierno federal y sea aplicado de forma eficaz y eficiente para que las mismas
puedan alcanzar su propósito y no se queden solo en buenas intenciones.
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[1] Fecha de
recepción: 31 de
octubre de 2018/Fecha de aceptación: 9 de noviembre de 2018/Autor
para correspondencia: nancygarzae@gmail.com/Centro Regional de Formación
Docente e Investigación Educativa/Dirección: Avenida Basic y Avenida
Software, Parque Científico y Tecnológico, Tecnotam.
Carretera Cd. Victoria-Soto la Marina Km 6, Cd. Victoria Tamaulipas, México,
C.P. 87138